Tres criterios de fiscalización

Las auditorías de control externo siempre han tenido como objetivo verificar que las cuentas de las instituciones se adecuaban a la normativa contable. Es decir, que no existía ningún tipo de desviación ni de irregularidad contable; lo que se conoce como auditoría financiera. Poco a poco, este tipo de informes fue incluyendo también un control de la legalidad para comprobar que las actuaciones institucionales cumplen los preceptos legales aplicables a cada caso. Es lo que se denomina auditoría de cumplimiento de legalidad.

Una vez superada esta fase del desarrollo de la fiscalización pública, se hace necesario incluir un nuevo criterio. Se trata de la auditoría operativa o de gestión, que incide en otro aspecto, su cometido es medir el resultado de la gestión realizada por la Administración, para tratar de mejorarlo. Esta es la tendencia que están siguiendo los Órganos de Control Externo.

La búsqueda de la calidad total, también en la prestación de servicios públicos, justifica este tipo de fiscalizaciones. Ya no es suficiente con que las diferentes administraciones cumplan las leyes y normativas a la hora de invertir los fondos públicos. Deberán demostrar que han elegido la mejor opción entre todas las posibles.

Este tipo de auditorías permiten comparar las actuaciones de los diferentes gestores con el objetivo de establecer las deficiencias y que éstas se puedan rectificar en el futuro. Con el ánimo de hacer correctamente su labor, políticos y gestores tienen que averiguar las necesidades de los ciudadanos. Deben profundizar en los temas que les preocupan y conocer cuáles son sus prioridades. Sólo así podrán adecuar sus servicios a las demandas sociales.

Tres son los términos que se citan invariablemente al hablar de este nuevo tipo de fiscalización: eficacia, eficiencia y economía. Las conexiones entre la Administración, los gestores y los ciudadanos deberían estar basadas en estos tres principios.

El primero surge de la comparación entre los objetivos que se ha marcado una institución a la hora de realizar una serie de acciones y los resultados que al final consigue. Es, por decirlo en pocas palabras, la diferencia entre lo que se quiere hacer y lo que al final se logra. Una administración será tanto más eficaz cuanto más aproxime su práctica a sus objetivos.

La eficiencia hace referencia a la relación entre los servicios que se ofrecen por una institución y los recursos que ha tenido que utilizar para conseguirlos. Una administración será tanto más eficiente cuando tenga que utilizar menos recursos para ofrecer un servicio de calidad. Por último, la economía equivale a conseguir los mejores resultados al mínimo coste posible, es decir ahorrando el máximo de recursos.

Los más reputados especialistas en la materia coinciden en afirmar que los ingredientes necesarios para realizar una buena auditoría operativa son dos: Hay que contar con auditores muy cualificados técnicamente, que aúnen una preparación suficiente y toda la pericia necesaria siendo además imprescindible, la ayuda de las propias instituciones públicas auditadas. Sin este acuerdo la auditoria operativa no puede llevarse a cabo.

La ejecución de auditorías operativas supone una serie de problemas para los Órganos de Control Externo. En primer lugar, exige un trabajo superior al que requieren las auditorias financieras y las de legalidad. Para estar en condiciones de realizarlas, el órgano fiscalizador debe contar con medios materiales y con profesionales especializados y multidisciplinares.

El desfase temporal que existe entre el periodo fiscalizado y la fecha en la que se hacen públicos los informes también va en contra del éxito de la auditoria operativa. Muchas veces, cuando se dan a conocer los resultados ya no son relevantes. Esta clase de auditorías sólo es efectiva si sus resultados están cercanos en el tiempo.

Otro aspecto que complica aún más la realización de estos informes es la dificultad que supone para los auditores recabar información con indicadores fiables sobre los servicios y actividades que desarrollan las administraciones públicas.

Las auditorías financiera y de legalidad tienen un referente claro. Están basadas en normativas y leyes, por lo que poseen algo concreto en lo que los auditores pueden fijarse. Por el contrario, las auditorías operativas valoran la calidad, algo que en un principio parece más difícil de cuantificar. Para conseguirlo, hay que buscar parámetros de referencia que permitan un análisis de los resultados. Los datos recogidos son, además, los que van a fundamentar las conclusiones y recomendaciones reflejadas en los informes.

El TVCP ha mostrado en repetidas ocasiones su interés en que los informes de fiscalización profundicen en el análisis de la eficacia, eficiencia y economía. Sin embargo, las insuficiencias en la elaboración de los presupuestos por programas, al señalar los objetivos, las acciones y los indicadores, impiden frecuentemente que este deseo quede reflejado de manera satisfactoria en el resultado final.