Con la aprobación de la Constitución en 1978, se fue desarrollando en España la estructura territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, con autonomía para la gestión de sus intereses y, en este marco, precisamente al amparo de la autonomía financiera de la que gozan las Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus propias competencias, se establecía la posibilidad de que los diferentes Estatutos de Autonomía contemplaran la existencia de órganos propios de fiscalización externa de sus cuentas.
Así se fueron dictando las primeras leyes de creación de los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX), sin perjuicio de que muchos de ellos ya contaban con una larga tradición histórica en la respectiva región.
En la actualidad, de las diecisiete Comunidades Autónomas, doce cuentan con su correspondiente Órgano de Control Externo: Navarra; Cataluña; Comunidad Valenciana; Galicia; País vasco; Andalucía; Canarias; Islas Baleares; Madrid; Castilla y León; Asturias y Aragón.